El Parlamento Europeo pide una moratoria de permisos urbanísticos suelo no urbanizable Valencia
Autor: NuevaInmobiliaria [20/12/2005]
El Parlamento Europeo pide una moratoria en la concesión de permisos urbanísticos en suelo no urbanizable de Valencia
Pretende evitar que los promotores aceleren los planes para evitar una ley más estricta
Martes, 13 de diciembre. 14.41 h.
AGENCIAS. Estrasburgo (Francia)
El Parlamento Europeo aprobó hoy con escasas modificaciones el informe elaborado por la comisión de peticiones en relación con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de la Comunidad Valenciana en el que se pide una moratoria en las recalificaciones de suelo en esta región hasta que entre en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) con el objetivo de impedir que los promotores puedan acelerar planes urbanísticos para evitar una legislación más estricta.
El informe de la eurodiputada liberal Janelly Fourtou, una vez introducidas las enmiendas, fue respaldado por una clara mayoría de la Eurocámara, recabando 550 votos a favor, 45 en contra y 25 abstenciones. Finalmente, la enmienda introducía por el PPE para que no se pidiera la «moratoria respecto a la aprobación de nuevos proyectos y planes de desarrollo urbanístico en suelo no urbanizable en tanto no entre en vigor la normativa revisada», fue rechazada por 357 votos en contra y 242 a favor. Según el documento final, se constata que «se está produciendo cierta precipitación para comprometer nuevos proyectos antes de la promulgación de la nueva ley que, sin duda, parecerá más restrictiva».
La comisión de Peticiones recibió el encargo de redactar este informe a raíz de las múltiples quejas recibidas sobre los excesos urbanísticos, en muchos casos derivados de una «aplicación abusiva» de la LRAU. Las quejas se referían a los métodos de expropiación y a la falta de transparencia y de criterios claros establecidos para la adjudicación de contratos públicos. Según señala el informe «el número de casos de corrupción confirmados o sobre los que existen sospechas fundadas hace patentes las deficiencias de la ley y de su aplicación».
Según los eurodiputados, «durante los últimos tres años se han incrementado de manera muy notable las reclamaciones por abusos urbanísticos», por ello, aunque la Comunidad Valenciana reconoce el problema y se ha comprometido a elaborar una nueva ley que sustituya a la LRAU, «a fin de evitar las desviaciones constatadas en la aplicación de esta última», piden a la Generalitat Valenciana «mayor diligencia que hasta ahora» para atender las preocupaciones de los ciudadanos.
Asimismo, piden que la nueva ley incluya «una definición clara del concepto \\\'interés público\\\'», que se establezcan «criterios obligatorios para el cálculo de las indemnizaciones en casos de expropiación», que se revise el modo en que se selecciona al «agente urbanizador«y el «procedimiento para la adjudicación de contratos», ya que, según el PE, «existen serias dudas al respecto»,y por último, que se informe a los propietarios inmobiliarios afectados por los planes urbanísticos.
Por otra parte, se pide tanto a las autoridades valencianas como españolas competentes que «garanticen que los planes generales de desarrollo y urbanización que puedan tener un impacto medioambiental significativo» se sometan a «una evaluación estratégica de impacto ambiental» de acuerdo con las directivas europeas. Además, se pide la creación de una «oficina de reclamaciones, bajo la autoridad de las autoridades locales y del Gobierno regional», que preste asistencia administrativa a los afectados por la LRAU, para que estos, llegado el caso, puedan optar a un recurso judicial.
Los eurodiputados pidieron además a la Comisión Europea que «prosiga con las tareas de control e investigación para garantizar la conformidad de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) y de su aplicación con el derecho comunitario en el ámbito de la contratación pública y otros ámbitos afines» y que informe a la comisión de Peticiones del PE «sobre las evoluciones en dichos ámbitos».
Además, pide a la CE que «teniendo en cuenta el gran número de ciudadanos europeos que adquieren propiedades inmobiliarias en otros países de la UE, examine qué medidas de salvaguardia podrían ser más apropiadas para proteger y asistir» a estos ciudadanos, y que le informe sobre el resultado de este examen.
Por último, el PE recordó su derecho de iniciativa «con respecto al procedimiento de constatación por el Consejo de un riesgo manifiesto de violación grave de estos principios, y que la Comisión o un tercio de los estados miembros pueden iniciar el procedimiento de sanción de un Estado miembro en el caso de que persista dicha violación», y se comprometió a «seguir velando por el respeto de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y mantener su vigilancia con respecto a los eventuales casos de apropiación indebida de fondos públicos».
PSE: advertencia a todas las CC.AA.
El eurodiputado valenciano del PSE Joan Calabuig, subrayó tras la votación que el PE ha reconocido «una situación de desarrollo urbanístico insostenible en la Comunidad Valenciana» y que esto debe «servir de advertencia a todas las comunidades autónomas de que es necesario tener un desarrollo urbanístico sostenible». Ahora, añadió, la Generalitat Valenciana debe analizar el informe «sacar sus consecuencias y aplicar las recomendaciones urgentemente», atendiendo a los perjudicados y rectificando las leyes.
Por otra parte expresó su satisfacción porque finalmente el pleno haya rechazado la enmienda del PPE que pedía anular la solicitud de moratoria. En su opinión, «esta moratoria se puede aplicar y no supone ningún problema sustancial» ya que la nueva ley valenciana debería aprobarse, dijo, «el próximo mes de febrero». «Creo que no tiene ningún impacto económico en la realidad de la comunidad valenciana», agregó.
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